El Agente Fiscal Dr. Marcelo Romero, a cargo de la Investigación Penal Preparatoria del triple crimen ocurrido en la Planta Transmisora de policía en la localidad de Arana del Partido de La Plata, por entender que la investigación cuenta con suficientes pruebas colectadas, fundó el requerimiento al Juez de Garantía Dr. Cesar Melazo, para la elevación a juicio de la causa.

A dos años del espantoso crimen de los policías Pedro Rodolfo Díaz; Alejandro Rubén Vatalaro y Ricardo Torres Barboza, el Fiscal Romero, cree haber encontrado la motivación del múltiple homicidio, al considerar acreditada la hipótesis del narcotráfico.

El Agente Fiscal sindicó a los imputados Pablo Alejandro Cepeda; Héctor Fabián "Kunta" Rivero; Humberto "Paisano" Zúcaro y Miguel Enrique Tobar, como autores responsables, a Marcos Ezequiel Adrián Casetti y Juan Pablo "Papupa" Córdoba como partícipes necesarios, todos del delito de Homicidio Calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, los tres hechos en concurso ideal, con los delitos de robo calificado por haberse cometido en lugar poblado y en banda y por el uso de armas de fuego. Respecto a Casetti, el abuso de su condición de policía y contra Gustavo Sebastián Pereyra por encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Córdoba hermano de Juan Pablo, se halla prófugo y está sindicado como uno de los autores materiales.

El Fiscal Romero, consideró el hecho investigado como "el más terrible y grave episodio que ha tenido la Policía bonaerense desde la recuperación de la democracia", también señaló en su resolución: "que en la causa, ha quedado justificado que un grupo integrado por al menos once personas, entre los que se encontraban miembros de la Policía bonaerense abusando de esta condición, se organizaron y programaron, distribuyendo funciones, aportes y roles, acordando matar a los funcionarios que custodiaban el predio de la planta transmisora de 7 y 630, para hacerse de sustancia estupefaciente que, según la información que poseía la banda, se encontraba en el lugar. Tal lo pactado, el hecho se produjo entre la 1,30 y las 2,50 horas del 19 de octubre de 2007, cuando al menos cuatro personas del grupo se enfrentaron con Vatalaro, Torres Barboza y Díaz miembros de guardia en el lugar…", confirmando además: "…sustrajeron dos ametralladoras Uzi, dos cargadores de pistola calibre 9 mm., una escopeta Itaka 1270, tres chalecos antibalas, dos pistolas calibre 9 mm., dos handies portátiles, el teléfono celular de una de las víctimas y la camioneta Chevrolet Luv perteneciente a la planta entre otros efectos…"

Las pruebas de cargo, ocupan 43 de las 92 fojas de la resolución del Agente Fiscal Dr. Marcelo Romero y se basa en testimonios y pericias. Los testimonios de personas que luego del triple crimen escucharon en un bar., o en la esquina de un barrio, a algunos de los imputados "hacerse cargo", o lamentar "la cagada" que habían cometido "con los vigis". O ufanarse de la forma en que los habían asesinado, o de anticipar los lugares donde estaban escondidos las armas y los chalecos robados a las víctimas o donde pensaban venderlos.
Ninguno de los testigos es presencial y la mayoría mencionan versiones que escucharon.

Varias de las versiones tenidas como pruebas de cargo, fueron vertidas por testigos de identidad reservada.

Por otro lado, las pericias no arrojaron resultados positivos en cuanto a las muestras de ADN, de sangre, huellas dactilares ni de pelos encontradas en el lugar, que fueran posteriormente cotejadas con la de los imputados detenidos.

El Juez de Garantías, dará traslado del pedido, a los Defensores de los imputados, quienes seguramente se opondrán a la solicitud fiscal y luego de evaluar los fundamentos acusatorios y los argumentos de la defensa, el juez dispondrá si accede a la elevación a juicio, ahondar más en la investigación o la liberación por falta de mérito de alguno o de todos los imputados.

Si el Magistrado termina por confirmar la elevación a juicio, a los defensores les queda la instancia de apelar a la Cámara Penal de Garantía, quien terminará definiendo la cuestión.

Cabe recordar que a principios de este año, la Sala III de la Cámara Penal de La Plata, había pedido que se acelerara la elevación de la causa a juicio, al menos con los que estaban detenidos.

Sin perjuicio de la convicción puesta de manifiesto por el Fiscal Marcelo Romero en su resolución, no son pocos los que expresan serias dudas que las probanzas reunidas en la investigación puedan tener peso suficiente en el debate oral y le avizoran al Fiscal de Juicio que le toque intervenir, una tarea para nada desahogada a la hora de acusar y pedir condenas.

¿HABRÁ LLEGADO LA HORA DE LA VERDAD?, pero también habrá que preguntarse: ¿CUÁL VERDAD?