Los hechos delictivos que se suceden sin solución de continuidad, desde hace años y que supera ya toda capacidad de asombro, obliga a gobernantes nacionales, provinciales y municipales hacer verdaderos malabares para tratar de dar una explicación a su inacción e incapacidad gubernativa para poder revertir esta situación.

Tanto la señora Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, como el Gobernador de nuestra provincia Daniel Scioli, no pueden soslayar, aunque de corazón lo quisieran, hablar de la inseguridad en sus apariciones públicas.
Es que la sociedad toda, espera ansiosa una solución a un problema que nos tiene con "el corazón en la boca".

Las distintas modalidades delictivas, cobran vidas todos los días sin distinción de las características de sus víctimas en cuanto a su condición social, económica, estado de embarazo, edad, etc.

Por lo tanto, la desesperación que invade a toda la comunidad es constante y generadora de un estado de angustia que no tiene límites.

La respuesta de parte de los gobernantes, se ha centralizado en señalar permanentemente que están abocados en enviar más policías a cumplir tareas de disuasión en las calles, cosa que todos sabemos es muy difícil por varias razones:

a) Que las tareas administrativas dentro de las dependencias policiales es imposible de evitar, en razón que es el complemento indispensable de la operatividad que se debe realizar en la calle.

b) Que se carece de personal suficiente para realmente cumplir con esa promesa. Las carencias presupuestarias sumadas a una deficiente política de personal que se viene mostrando desde hace años, son una barrera insalvable a los mejores deseos.

c) Las "purgas" indiscriminadas de uniformados que respondieron y responden a cuestiones ideológicas, han privado a la institución policial de miles de hombres y mujeres con experiencia para cargar con semejante responsabilidad.

d) Sabemos que la sola presencia policial, no evitó ni evitará que los delincuentes se sigan reproduciendo en una ecuación espantosa. Tal como señala el dicho popular, "ante una invasión de cocodrilos, hay dos formas de neutralizarla: capturando los cocodrilos de a uno o secando el pantano". Y por lo que se puede vislumbrar, los gobernantes están abocados únicamente a la tarea de cazar a los delincuentes y no adoptar políticas de seguridad que mermen las multicausas que generan su proliferación.

Dicho esto solo a modo de ejemplo, vale también señalar que en su desesperación, el Gobernador Daniel Scioli convocó a la Comisión de Seguridad, obteniendo una contundente respuesta negativa por parte de la oposición. La actitud de estos últimos, tiene una explicación que a esta altura, no debe interpretarse como egoísta, por el contrario, es absolutamente razonable: no quieren estar allí solo para "la foto", dado que hasta ahora el Poder Ejecutivo provincial, fue sistemáticamente impermeable a cualquier sugerencia o proyecto que se le hiciera llegar.

Otro de los pilares en que los gobernantes nacionales, provinciales y municipales han pretendido apoyarse para resistir el clamor social, es la colocación de cámaras filmadoras en las zonas conflictivas, con publicitadas inversiones varias veces millonarias, que no se condicen con las realmente instaladas y con el consiguiente malestar de los vecinos.

Sin duda que la incorporación de esta tecnología puede ser de mucha ayuda, pero volvemos a insistir hasta el cansancio, no solo hay que "ver" el accionar delictual y si es posible detener a sus autores, pero si no se atacan las causas que generan esas conductas reprochables social y penalmente, los delincuentes seguirán marcando la agenda gubernamental y de la dirigencia política en general.

Dos patrulleros que circulaban por las calles que corren paralelas a ambos lados de las vías del ferrocarril General Roca en el barrio de Tolosa en La Plata, persiguiendo a delincuentes que se movilizaban en otro vehículo, en forma inexplicable embistieron el paredón que delimita los laterales del tendido ferroviario.

La noticia además, señala que el personal policial que conformaba la dotación de los mismos, resultaron con heridas de diversa gravedad, debiendo ser derivados a centros asistenciales cercanos para su atención.

En verdad, hay que reconocer que de ninguna manera se puede tildar de "inexplicables", dado que pese a que se pretendió ocultar las razones de estos coincidentes siniestros, los mismos se produjeron no por errores humanos, sino por serios desperfectos mecánicos que afectaban a los vehículos.

Estos accidentes, que se repiten cotidianamente en vehículos policiales, incluyendo no solo los patrulleros sino también a las motocicletas afectadas a las patrullas, que en razón de ser importadas, sus repuestos son cotizados en dólares y se deben hacer adaptaciones, que por supuesto, atentan con la seguridad en el manejo.

No hay cubiertas, líquido de frenos, fluidos para la dirección asistida, mecanismos de freno y dirección totalmente desgastados, no funcionan los embragues y ni hablar de los amortiguadores que ofrecen la resistencia de un simple inflador de bicicletas.

En esas condiciones de precariedad, que podemos calificar de criminales, manejan los móviles el personal policial. Un verdadero peligro para si y para terceros.

Para señalar otro dato a modo de ejemplo, personal policial que trasladaba a dos detenidos para ser examinados en el Cuerpo Médico, colisionan contra una columna de alumbrado lesionándose el personal policial y los detenidos, en razón que el chofer del móvil debía manejar con una sola mano, dado que con la otra debía sostener la palanca de cambios para que no "saltaran las "velocidades". Las deficiencias constatadas en las pericias mecánicas, valieron un duro cuestionamiento por parte de la justicia, que por supuesto absolvió al chofer del patrullero y la provincia deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados.

La compra de patrulleros, que hoy en realidad busca más un efecto político que operativo, no incluye repuestos y todas las reparaciones mecánicas los deben afrontar las dependencias policiales con su asignación de "Caja Chica" que como hemos señalado en artículos anteriores de Bonaerenses en Acción, es de solo $2.800 bimestrales y que desde el mes de febrero no se liquidan.

Poner en riesgo al personal uniformado y exponer a terceros a accidentes que no son tales, dado que en el caso que nos ocupa, es NEGLIGENCIA PURA, en lo que hace al mantenimiento de toda la logística policial, que no se reduce solo a los automotores.

Basta agregar a esta aseveración, que por ejemplo los cartuchos con "postas de goma", que se utilizan para dispersar manifestaciones, cuando se vence su vida útil establecido por la fábrica, en lugar de disminuir su potencia, por el contrario se aumenta al punto que los proyectiles. alcanzan la dureza de uno de plomo.

La superioridad de las dependencias operativas, obliga al personal a manejar los patrulleros y motocicletas, a sabiendas de estas graves deficiencias y solo se limitan en caso de siniestro, a iniciar las actuaciones sumariales administrativas y se desligan de toda responsabilidad, que tratan de enrostrar a sus subordinados.

Si alguien se pregunta ¿por qué, no los desafectan del servicio hasta que puedan ser reparados?, la respuesta es simple, los Jefes Distritales, Jefes Departamentales, la Plana Mayor de la Jefatura y del Ministerio de Justicia y Seguridad, quieren que los patrulleros se "vean en la calle", a costa de exponer la vida de su personal y de los bonaerenses, que supuestamente tienen que proteger.

Con solo pensar en quien, por estar desinformado por múltiples razones (internado en un geriátrico por carecer de familiares o su avanzada edad, por falta de información adecuada por haberse ido a vivir al interior del país y no tener una comunicación fluida con familiares o ex camaradas, o padecer alguna enfermedad mental o discapacitante, por no leer diarios, escuchar noticieros radiales y televisivos, etc.), nos alcanza para hacernos la idea de lo desprotegidos que pueden quedar jubilados, retirados y pensionados, en manos del poder gubernamental, que aprovechándose de esas circunstancias u otras que cada uno de Uds., pueda imaginar, les neutraliza la posibilidad de efectuar en tiempo, cualquier reclamo por un derecho conculcado.

Precisamente, todo el universo de activos, jubilados, retirados y pensionados cualquiera sea el sistema del que es beneficiario (bancarios, policías o IPS), se hallan expuestos a que se les aplique la prescripción de la acción por el transcurso del tiempo, para defender sus derechos.

Solo DOS AÑOS, con los que cuenta para que sea escuchado y pueda lograr la reparación del perjuicio causado y en atención a los ejemplos que hemos enunciado, son realmente pocos.

Por cierto que algunos saldrán a señalar, que el Estado no puede quedar sometido a una inseguridad jurídica de no saber en un tiempo acotado, cuándo podrá desligarse de un potencial reclamo. Eso es cierto y razonable, pero elevar el plazo de la prescripción para los reclamos a CINCO AÑOS, no es un despropósito, Por el contrario es un acto de estricta consideración a cuestiones fácticas que deben ser protegidas en beneficio del más débil.

Quizás nos resulte difícil de entender, cuando estamos rodeados de medios para enterarnos de todo y por tener además la posibilidad de contar con profesionales a quien consultar o la capacidad personal para analizar cualquier duda en el hoy y ahora, pero desgraciadamente hay quienes no tienen esas oportunidades y en ellos debemos pensar solidariamente.

De esta inquietud, haremos partícipe a la Asociación Por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (ADESIP), para presentar un anteproyecto que permita incorporar taxativamente esta propuesta a la normativa vigente, e interesar a los legisladores para que la hagan suya y la impulsen camino a su aprobación.

Es hora que nos aboquemos a cuestiones verdaderamente importantes que tiendan a beneficiar a activos, jubilados, retirados y pensionados, no solo de policía, sino de toda la Administración Pública Central, bancarios, municipales, penitenciarios, salud, judiciales, docentes, etc., y se soslayen reyertas, mezquindades, celos y rencores que nada construyen.

El Director.

De inmediato que el Gobernador Daniel Scioli anunció la fusión de los Ministerios de Justicia y Seguridad, el Dr. León Carlos Arslanián, no dudó en hacer oír su opinión cuestionando la medida.

Lo contradictorio de las críticas, es que cuando asumió por primera vez como Ministro de Seguridad, en épocas de Eduardo Duhalde como gobernador, abogó por la unión de las dos carteras referenciadas y ser él quien estuviera a cargo del súper ministerio.

Es que no puede superar el evidente fracaso de su dilatada gestión al frente del Ministerio de Seguridad, durante la última parte del gobierno de Eduardo Duhalde y la de Felipe Sola. Ambos mandatarios, sufrieron los costos políticos que les generó el citado Arslanián.

Su intención de destruir desde los propios cimientos a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sometiendo a los hombres y mujeres que conforman sus cuadros a una humillación y persecución enfermiza, fueron las características de su gestión.

Pero esos planes encuadraban perfectamente en sus convicciones ideológicas y la de sus mentores a nivel nacional, que presionaron y siguen aún presionando para instalarlo y completar su obra inconclusa.

El gobernador Daniel Scioli, resistió el embate ideológico y optó por terminar con un proyecto anti-policial que no tenía sentido alguno.

Si bien la Policía Buenos Aires 2 , las Policías Comunales, las 18 policías en la que se dividió a la fuerza y la Ley de Emergencia del Personal Policial y Penitenciario siguen vigentes, como testimonio de esa época nefasta, las opiniones de Arslanián no son bienvenidas en la gestión Scioli.
Néstor Kirchner y su esposa la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como así los organismos de DDHH, no pierden la oportunidad de resaltar la gestión de Arslanián, fiel representante de su odio visceral a todo lo que tenga que ver con la Policía de la Provincia de Buenos Aires..

Pero la lucha por la reivindicación de los policías de la provincia no termina, sin perjuicio de existir un discurso más amigable del Gobernador y sus ministros del área de seguridad. Pero esto puede cambiar rápidamente, cuando tienen que hacer frente a los costos por no dar solución al problema
de la inseguridad, recurriendo a la misma servilleta para tratar de limpiar sus propias ineptitudes.

¿QUÉ LES PASA A ARSLANIÁN Y SUS MENTORES? ¿ESTÁN NERVIOSOS?

El llegar al bicentenario es un motivo de festejo y eso es lo que nuestros gobernantes incentivan sin solución de continuidad.

Pregonan un salto cuantitativo en todos los órdenes, que de acuerdo a sus convicciones, pondrían rojos de envidia a nuestros ancestros que gobernaron nuestro país en 1.880.

Pero en verdad, con solo hacer una mirada a la realidad que nos rodea, comprobamos que hoy y aquí hay algunas diferencias sustanciales.

No vamos a hacer un paralelo con aquella época esplendorosa, por todos conocida y trataremos de fijarnos en la actualidad de nuestra querida Argentina.

Un gobierno que se destaca por la confrontación constante, autoritario e irreverente, que no escatima medios para hacer sentir el escarmiento a quienes se atreven a oponerse a sus aspiraciones de poder omnímodo, proyectos frustrantes o simplemente por el solo hecho de no pensar igual.

Los medios de prensa, la iglesia, los productores agropecuarios, los industriales, todos sintieron y sienten del anterior y del actual gobierno nacional la presión y el destrato.

La pobreza estructural, un sistema educativo deficiente, índices de inflación que asustan y empobrecen aún más a la clase trabajadora, la desocupación, la inseguridad ante un delito que crece a pasos agigantados poniendo en vilo a toda la sociedad, niños que mueren de hambre, jóvenes sin contención laboral ni educativa, son solo una muestra dramática de lo que nos acontece.

Nuestro gobierno firma pactos "estratégicos" oscuros con Venezuela, cuyo presidente ideológicamente está en las antípodas de las ideas que mayoritariamente tiene nuestro pueblo. A la vez que nos distanciamos de nuestros hermanos uruguayos, por cuestiones que el Tribunal de La Haya ya resolvió en nuestra contra.

Resaltamos el crecimiento de las República de Brasil, Chile y Perú, pero quienes nos gobiernan se dan el lujo de despreciar las razones de ese crecimiento.

Nuestra Presidente mendigó un encuentro meramente protocolar con el Presidente de Estados Unidos pero a su vez pretendiendo aparecer como una nación soberana e independiente, ignorando el fenómeno de la globalización del que no podemos escapar.

Se han ocupado de destruir, humillar y marginar, por cuestiones ideológicas a nuestras Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales.

Se incentivó escrachar públicamente a periodistas que supuestamente no comulgan con el gobierno.

Vivimos entrampados en la vía pública por piqueteros "no oficialistas", disconformes con la discriminación de la que son objeto, con respecto a los "oficialistas" que además reciben subsidios y otros beneficios económicos, mientras que sus referentes terminan ocupando cargos públicos.

Escuchamos los discursos de Hebe de Bonafini, Estella de Carlota, de los Bonazos y los Verbiskys, insultando, difamando y profundizando en cuanto pueden las divisiones y enfrentamientos.

En definitiva, nada que tenga que ver con el desarrollo y crecimiento como país, tampoco elevar el nivel de bienestar de todos nosotros y mucho menos, aspirar a una convivencia pacífica y tolerante

Entonces, ¿QUÉ HAY QUE FESTEJAR?

Comprometerse y participar, es una actitud a la cual tenemos derecho de ejercer o no, pero que día a día se percibe en franco retroceso.

Este fenómeno, lo vemos claramente en el campo político o en instituciones de carácter social, deportivo o de cualquier otra característica, que solo pueden sobrevivir o crecer a expensas de un compromiso de ideales y participación activa de hombres y mujeres que apuntan a un mismo objetivo de bien común.

Es cierto que hay motivos para que la desazón tenga razón de ser, en consonancia con tantos desengaños y mentiras, pero precisamente, en la medida que la retracción se haga más generalizada, el deterioro o hasta la destrucción total de las instituciones es un hecho.

En la política, partiendo de la frase que hizo popular el General Perón: "Dedicarse a la política, es tirar la honra a los perros", en cierta medida se ve reflejada cotidianamente.

Sospechosas denuncias penales o acusaciones públicas sin mucho sustento de credibilidad o decisiones judiciales, que reflejan más una permeabilidad a intereses políticos que a pruebas contundentes, termina por cerrar un círculo peligroso.

Es así, que estos hechos espantan cualquier buena intención participativa, pero ese espacio no queda vacío, será ocupado por los mediocres que no desaprovecharan la ocasión, para aparecer como la solución a los problemas, que por supuesto, ellos terminan por agravar.

Es así que, en la medida que no se tenga la decisión de defender ideales con un compromiso militante y una participación activa, seremos siempre artífices de un destino mediocre.

Los mismos que torpedearon el barco ayer, son los que dicen venir a salvarlo hoy y eso es incongruente. Podrán asumir sus errores, actitud que debe ser valorada, pero lo que nunca debería ocurrir, es que nosotros volvamos a cometer el error de dejarles el espacio.

El tiempo, con su eficacia comprobada de permitirnos ver hacia el pasado con mayor objetividad comparativa y pasiones más acotadas, hace que rescatemos figuras a las que se presentaran en su momento como nefastas, solo porque pensaban distinto o maliciosamente separadas del momento histórico que les tocó vivir. Y eso es bueno.

Pero no es el momento de llorar sobre la leche ya derramada. Éste es el espacio histórico en el que estamos y nuestro país y cada una de las instituciones públicas o no, esperan de nutrirse con ideas nuevas que puedan aportar hombres y mujeres que luchen con ánimos despiertos y decididos.

No hay lugar para los tibios que solo conocen de pantuflas y controles remotos, que esperan en la penumbra de su living, ver a quién echarle la culpa de todos sus males.

Si ese funcionario o dirigente cuestionado, está donde está y llegó donde llegó, habría que preguntarse hasta dónde tuvimos responsabilidad que eso ocurriera.

Hartos estamos de quejarnos y de buscar a la individualidad que nos salve de las crisis de todo tipo que padecemos, sin percatarnos que todos podemos hacerlo, actuando en base a ideales de bien común y en el espíritu que pongamos para defenderlos. Solo debemos decidirnos abandonar este estado catatónico en el que nos encontramos.

LA MESA PARA QUE APORTEMOS NUESTRAS IDEAS ESTÁ PREPARADA, PERO EN EL LADO OPUESTO A DONDE SE ENCUENTRAN LAS PANTUFLAS Y EL CONTROL REMOTO.

Y Mauricio Macri se salió con la suya. Agotadas todas las instancias políticas con el gobierno nacional, pretendiendo el traspaso de la Policía Federal al ámbito del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la negativa cerrada del primero, armó y lanzó su propia policía.

La idea de creación de la Policía Metropolitana, fue vista en un principio con escepticismo por el ex Presidente Néstor Kirchner y ya con seria preocupación por la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, iniciándose entonces, un bombardeo sanguinario contra, hasta ese momento, futura institución policial.

Acusaciones de todo tipo, terminaron minando su estructura jerárquica, derivando en la renuncia del Primer Jefe de esa repartición, el ex Comisario de la Policía Federal Argentina Jorge "fino" Palacios, envuelto en una causa penal por supuestas escuchas telefónicas ilegales, acusación que aún no han sido debidamente comprobadas.

Tampoco se escatimó en atacar la formación de los nuevos policías, insinuándose que se inculcarían ideas "fascistas" y absolutamente represivas siguiendo los ideales que el gobierno nacional, no duda en acreditar a Mauricio Macri.

Lo último, fueron las críticas respecto al armamento provisto, dado que se incorporó una pistola que en lugar de proyectiles, trasmite una fuerte descarga eléctrica que permite neutralizar a una persona, minimizando efectos más agresivos, arma que usan la mayoría de las policías del mundo, pero en el nuestro, los organismo de DDHH, salieron a comparar el arma con una picana para ocasionar sufrimiento indiscriminado.

En verdad, cuestionar un arma que reduce, sin utilizar proyectiles de grueso calibre que generan en un 95% de los casos resultados fatales, no resiste el análisis. Pero en esta generalizada crispación que generó en el gobierno nacional el atrevimiento del Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, todo parece valer.

Realmente hay que rescatar como auspiciosa la medida iniciada por Mauricio Macri, en principio por no retroceder ante la negativa de traspaso de la Policía Federal, por emprender una tarea que precisamente no es fácil, como es crear una nueva fuerza policial y ya tenerla en la calle con expectativas a mediano plazo, de hacerla crecer hasta cubrir todo el territorio capitalino.

Si bien la tarea asignada, por el momento, se centraliza en cuestiones de tipo contravencional, sin perjuicio de intervenir ante "infraganti delito" y colaboración para con el accionar de la Policía Federal, su tarea se irá intensificando en forma paulatina y en cuanto su presencia sea incorporada por los porteños, se hará más fluida.

Por supuesto habrá algo que costará años, y es la experiencia con que deben contar los nuevos efectivos, dado que eso no se puede transpolar en un curso de capacitación inicial.

Camaradas de la Policía Metropolitana: ¡bienvenidos! a la dura, compleja y extremadamente peligrosa vida policial

Esta novela venezolana que desató la cuestión de la disposición de las reservas del Banco Central para la conformación del "Fondo del Bicentenario", que se iniciara con un Decreto de Necesidad y Urgencia dictada por la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sumado a la intentona de remoción del Presidente del Banco Central Dr. Martín Redrado, deja en descubierto algunas cuestiones verdaderamente serias y a su vez preocupantes.

Ante la negativa del Dr. Martín Redrado de liberar parte de esos fondos de las reservas, como así resistir la orden de remoción, por entender que ese DNU era ilegal en cuanto a que disponía medidas que violaban la ley, terminó en la justicia, a la que llegaron por igual: el Poder Ejecutivo, los representantes de los partidos políticos de la oposición y hasta el propio Martín Redrado.

La primera en intervenir fue la Juez en lo Contencioso Administrativo Federal Dra. María José Sarmiento, quien hizo lugar a los Recursos de Amparo, disponiendo en principio que las reservas no se tocaran y que el Presidente del Banco Central siguiera en su cargo, hasta que tomara intervención el
Congreso Nacional al que legalmente le toca intervenir en forma ineludible, quien deberá emitir opinión sobre los fundamentos del DNU, opinión, que aunque no sea vinculante, si lo rechazara, sería realmente difícil de ignorar.

Este fallo significó el primer traspié del Poder Ejecutivo que no escatimó esfuerzos para torcer esa resolución, a la que consideró humillante.

Apelado el fallo referenciado, por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Feria en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sentencia de primera instancia, casi cerrando el capítulo judicial, dado que desde la Corte Suprema de Justicia, hicieron sentir voces que señalaban que la cuestión planteada, era de carácter político y que en ese ámbito debía resolverse.

El Presidente del Banco Central actuó, y así lo ratificaron ambas resoluciones judiciales, ajustado a lo que dispone la Carta Orgánica del Banco Central y la propia Constitución Nacional.
Ahora bien, sin importar si el Dr.Martín Redrado tiene una formación académica económica de la Escuela de Chicago, si obtuvo sus títulos con honores en la Universidad de Harvard, o fue funcionario del ex Presidente Dr. Carlos Menem, como así también del Dr. Néstor Kirchner y por último de la Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner, lo realmente importante y que no debe perderse de vista, es que la postura intransigente de Redrado, fue ajustarse a derecho, basado en la Carta Orgánica del Banco Central y de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Lo realmente sorprendente, es que el mal desempeño que el Poder Ejecutivo imputa a Redrado, es: "HABERSE NEGADO A CUMPLIR LO ORDENADO POR LA SEÑORA PRESIDENTE A TRAVÉS DEL DNU, pese que como lo señalara la justicia, el mismo estaba violando la legislación vigente.

Enfatizando a su vez, que esa "desobediencia" resulta una falta grave que hace insostenible su permanencia al frente del Banco Central.

Cabría entonces preguntarnos: ¿"NO HA SOSTENIDO EL ACTUAL GOBIERNO NACIONAL Y EL ANTERIOR, QUE NO EXISTE "OBEDIENCIA DEBIDA" CUANDO LO QUE SE ORDENA ES VIOLATORIO DE LA LEY.?

Entonces ¿cómo es que se cuestiona la posición de Redrado?

Su conducta, recibe las descalificaciones más duras expresadas por la propia Presidenta, su Jefe de Gabinete y de los Presidentes de los bloques Kirchneristas de las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados, en clara contradicción entre lo que se dice y lo que se exige, según la conveniencia del oficialismo.

Lo real y concreto es que al Dr. Martín Redrado se le cuestiona no haber cumplido con la "OBEDIENCIA DEBIDA", de una orden presidencial a todas luces ILEGAL.

Habrá entonces que revisar nuevamente la cuestionada OBEDIENCIA DEBIDA, en otras cuestiones. O acaso no fue vapuleada y denostada, en aras de una supuesta razón de "estricta justicia", defendida por el matrimonio Kirchner y organismos de DDHH, que dio motivo a daños irreparables, que hoy padecen a tantos ex funcionarios.

En el mes de enero de 2009, con muchas esperanzas y no menos sueños, salimos a comunicarnos con ustedes, tratando de entablar un contacto entre camaradas y muchos, que sin serlo, se sumaron gustosos al mismo. Tuvimos la impronta, que se cumplió con creces, de poder ocupar un espacio informativo que con objetividad y criterio, pretendió y pretende servir a todos.

Cuando decidimos que en nuestra tapa, constara que se trababa de un mensuario "DE PENSAMIENTO LIBRE", era lo que en realidad demostramos en todo este tiempo, pensar y expresarnos libremente y sin estar atados a ningún poder y mucho menos a ningún poderoso. Dijimos lo que consideramos que debíamos decir con absoluta honestidad intelectual.

Dicho esto, se podrá o no estar de acuerdo con nuestras opiniones y precisamente ello es lo enriquecedor, el poder escuchar otra idea o propuesta, pero lo que nadie podrá afirmar, es que respondemos a intereses espurios o mezquinos.

Pretendemos dejar plasmado, siguiendo un dicho popular, que cuando se ve en un desfile, que uno de los participantes va con el paso cambiado, no necesariamente lo haga por torpe, a lo mejor habrá que pensar "que está escuchando otro tambor".

Ese "otro tambor", es el que nos motiva e impulsa permanentemente.

No pocos, se espantaron con nuestra postura crítica, no habituados que alguien se atreviera a apartarse del "ritmo" que estuvo "impuesto" desde siempre, como el de tener que seguir mansa y obsecuentemente los lineamientos predeterminados, para que no se les genere ningún "malestar", a los "poderosos de turno", al ponerlos en evidencia de sus mentiras y avasallamientos de los derechos que se conculcaron y conculcan a los policías y seguir adormeciendo la capacidad de análisis de todos los bonaerenses.

Emitimos 60.000 ejemplares de ocho páginas, que se leyeron en la soledad de una consigna, por las dotaciones de un patrullero recorriendo sus respectivas jurisdicciones o estacionado en cualquier ruta de la provincia, como así, en las dependencias policiales centralizadas y descentralizadas, pasando de mano en mano entre los camaradas en actividad, que en el lugar más recóndito de la provincia, se enteraron de lo que de otro modo les hubiera resultado imposible, ocurriendo lo mismo con retirados, jubilados y pensionados.

Ese era nuestro cometido y lo hemos logrado, pero estamos decididos a ir por más, sin importar el esfuerzo que eso demande.

Bonaerenses en Acción, sigue incansable y sin claudicaciones en defensa de los intereses y derechos de nuestros camaradas.

Ese es el compromiso.

Dr. Edgardo A. Mastrandrea
Comisario Inspector (J)
Director

El gobernador Daniel Scioli, presentó su proyecto de Código Contravencional para la Provincia de Buenos Aires. La intención de poder contrarrestar el crecimiento del delito y apaciguar el clamor popular que lo incomoda día a día al no poder dar respuestas efectivas, lo lleva a transitar caminos que ya en su momento fueron un fracaso.

Pretender que con las contravenciones, se podrá contener una delincuencia que no tiene límites en cuanto a su violencia y desprecio por la vida de sus ocasionales víctimas es de una ingenuidad que quizás termine por ridiculizar al primer mandatario provincial.

Durante más de cuarenta años existió en la provincia un Código Contravencional, que fue sufriendo sucesivas modificaciones sumándole figuras que de alguna manera suplieran las supuestas lagunas que tenía el Código Penal.

Pretender hoy, castigando el alcoholismo, cuando su consumo se hace cada vez mas elevado, condenar la vagancia, cuando precisamente uno de los flagelos más espantosos es la miseria por la falta de trabajo, incluir la figura del merodeo como forma de coartar las tareas de inteligencia que realizan los delincuentes para elegir sus objetivos, no parecen herramientas que puedan dar resultados que la sociedad pueda considerar eficientes.

Sumado a ello, hay que pensar e instrumentar los organismos que tendrán a su cargo el juzgamiento de tales faltas contravencionales, obligando a la creación de una infraestructura tan importante como la que tiene la justicia común y eso demanda una inversión millonaria, que no es precisamente lo que al gobierno de Scioli le sobra.

Parece entonces, que estamos ante una nueva nube de humo, que pretende esconder la carencia de políticas preventivas de seguridad, y es eso lo que hace naufragar el proyecto antes de nacer.

Como un ejemplo de esto que estamos señalando, es la gestión del Gobernador Eduardo Duhalde, que tenía Código Contravencional y la justicia de faltas insertada en la misma Policía de la Provincia de Buenos Aires y sin embargo pese a contar con una infraestructura mayúscula, no pudo contrarrestar la inseguridad que reinó soberana durante todo su mandato.

Las soluciones mágicas en este terreno no funcionan y mucho menos cuando se pretenden colocar débiles parches a un transatlántico que tiene un rumbo en la proa que lo lleva indefectiblemente a hundirse sin remedio.

El gobernador y sus colaboradores, deberán esmerarse en desarrollar ideas más novedosas y no volver a caer en recetas que ya mostraron su ineficiencia para hacer frente a la enfermedad social que hoy nos tiene a todos en cama y con altísima fiebre, como lo es la inseguridad.

Sin autoridad, no hay orden

Las relaciones humanas se vuelven anárquicas, cuando los límites se desdibujan, haciendo por consiguiente muy difícil una convivencia social pacífica.

Esos límites puede que nos los auto impongamos cumpliendo pautas esenciales de convivencia o en caso contrario que se nos impongan por normas escritas que establecen concretamente sanciones para ser aplicadas a conductas consideradas reprochables.

Para poder hacer cumplir esta última, deberá existir una autoridad capaz de poder encausar y aplicar las normas en caso que alguien decidiera violarlas, alterando de esa manera la posibilidad que podamos vivir en una sociedad civilizada-.

Pero esa autoridad, deberá ser aceptada y respetada como tal.
Ahora bien, si malintencionadamente se produce el fenómeno de destruir todo lo que pueda ostentar la condición de autoridad y todos sus actos se tiñen y se califican como "autoritarios", solo por el hecho de ejercer el deber que imponen las normas escritas aceptadas por todos, comenzamos a ver angustiados, como el orden se va diluyendo y todo se complica.

El confundir "autoridad" con "autoritarismo", lleva a reacciones equivocadas y sumamente perjudiciales para todos y en todos los órdenes y no hay ya quien pueda establecer orden.

Ha habido una campaña de desprestigio contra todo lo que pueda ser autoridad y por consiguiente se le ha hecho perder esa condición tanto simbólica como materialmente.

Así la policía, por LEY, única depositaria de la Fuerza Pública y con la misión de resguardar el orden, para el logro de esa convivencia social, es frenada a ejercerla y en muchos casos, condenada a ser una mera espectadora de tropelías de todo tipo.

Así también se les esmeriló la autoridad a docentes, inspectores de tránsito, de salubridad, trabajo, etc.

Pero no destruyeron solo lo referente a la autoridad, sino que también desnaturalizaron el término GARANTÍA, y es así que cualquier Agente Fiscal o Juez de cualquier instancia, que vele para que se cumplan las garantías CONSTITUCIONALES, establecidas para todos los habitantes de nuestro querido país, es un"GARANTISTA", transformándolo así, a partir de esta categorización, en sinónimo de enemigo número uno de la sociedad.

La realidad nos encuentra hoy, enfrentando estos dilemas, que nos condena inexorablemente a una pésima calidad de vida.

Hay quienes piensan que la Constitución Nacional y Provinciales, como así leyes nacionales y provinciales, tienen vigencia solo para ellos, en cuanto a derechos y garantías, mientras que los deberes son solo para que los cumplan otros y si se les llegara a exigir en este último sentido, no dudarán de considerarlo un acto de autoritarismo.

Así vamos mal y en un futuro no muy lejano, estaremos peor.

¿Porqué mentir?.

Para el poeta inglés Alexander Pope, "el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera".

Para la psicóloga Miriam Mazover, entre las personalidades mitómanas obsesivas, "existe la mentira "perversa", que es la que se utiliza como un instrumento para falsear hechos y dichos".

A partir de esto, ¿en qué categoría podríamos incluir a los funcionarios policiales que mienten en aras de sostener a su vez, las mentiras políticas de los funcionarios del gobierno de quien dependen?.

Hay que agregar también, que mienten a sabiendas que sus dichos ponen en peligro cierto a sus propios camaradas que creen en ellos, precisamente por considerarlos sus iguales. Esto es un grave error, porque sus iguales, en la mayoría de los casos, sus superiores jerárquicos, los engañan a sabiendas que esas mentiras les hace peligrar nada menos que sus propias vidas.

Esto es lo que pasó con los chalecos protectores antibalas, que prometieron comprar en cantidad suficiente para proveerlo a los policías en forma personalizada, cuando este año murieron varios policías por carecer de ellos.

Nada de eso ocurrió, solo se distribuyeron algunos chalecos nuevos en algunas comisarías, dado que la compra que se hizo de ellos fue absolutamente insuficiente.

Lo lamentable, es que la promesa de la provisión de ese esencial elemento protector, lo hicieron los propios camaradas que ostentan las máximas jerarquías en la institución policial.

¿Porqué entonces esa mentira?. La explicación es una sola, sostener la mentira política de los funcionarios del gobierno de turno, sin ningún otro beneficio que el asegurarse la permanencia en su sillón, que además no solo le es prestado por un breve lapso de tiempo, sino que a raíz de esas conductas miserables lo transforma en indigno.

Así también se prestaron para mentir en las estadísticas delictuales, para hacer aparecer a una gestión de gobierno como eficaz, mientras la población sufría y sufre todo tipo de daños en sus vidas y bienes.

Se miente también a sus subordinados y subalternos para que no se quejen ante injusticias aberrantes, diciéndoles que no les conviene reclamar, dado que pueden tener consecuencias irreparables. Todo para mostrar a la jerarquía política, la "brillante conducción" que ejercen, manteniendo a todo el personal absolutamente callado y sometido.

Nos encontramos, en atención a estos pocos ejemplos absolutamente comprobables, que la mentira se ha transformado en una peligrosa obsesión patológica, que merece una atención especial, porque no solo afecta al policía que tiene la responsabilidad de la conducción policial, que compulsivamente miente sin solución de continuidad, sino también a nivel de la institución policial, que termina involucrada sin razón, a una dirigencia gubernamental que de la mendacidad ha hecho un culto.

El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), se encuentra envuelto en un nuevo conflicto con sus prestadores, en esta oportunidad con la Agremiación Médica Platense.

Todavía mantiene conflictos latentes con los farmacéuticos, geriátricos, clínicas privadas, ortopedias, servicios de ambulancias, laboratorios medicinales, etc.,etc, con los cuales hace arreglos económicos meramente coyunturales y parciales, para lograr simplemente que por un tiempo no interrumpan sus servicios.

En el mientras tanto, los 1.600.000 afiliados obligatorios (toda la Administración Pública entre activos y pasivos) y los 160.000 afiliados voluntarios padecemos la angustia permanente de no saber si llegado el momento de requerir asistencia médica, comprar medicamentos o cualquier otro de los “servicios” que ofrece la Obra Médico Asistencial estará en condiciones de ser utilizados.

Pacientes que esperan intervenciones quirúrgicas programadas, ven postergar las mismas una y otra vez, con la angustia que esa situación inevitablemente conlleva. El presupuesto con que cuenta el IOMA, es de $ 3.183.374.000, fruto del aporte personal del afiliado y otro tanto que debe aportar el Estado. Este último, de dudosa efectivización por no decir inexistente

Un párrafo aparte merece el Vademécum de medicamentos, que hace que sea un verdadero albur poder acceder a la droga que realmente es necesaria para determinada dolencia. Inexplicablemente hay drogas que se incluyen y excluyen sin solución de continuidad del listado que maneja a su libre albedrío el Instituto.

Los trámites administrativos para autorizar cualquier prestación son lentos, engorrosos y son capaces de enfermar a cualquiera, solo basta comprobar lo que implica la provisión de elementos complejos, que a veces paga de su bolsillo el mismo paciente, soportando él la espera del reintegro.

No podemos ignorar también que muchas maniobras fraudulentas tuvo y tiene que enfrentar el IOMA de sus propios afiliados, médicos, farmacéuticos, y prestadores inescrupulosos, que se han enriquecido a costa de él, que ha llevado a tener que ajustar y auditar permanentemente sus desembolsos para cerrar el grifo de sus recursos que en definitiva son de todos.

Lo que no se acepta, es que si la prestación se hizo, los remedios se expidieron, las entregas se concretaron, los pagos se hagan esperar y sufran atrasos tan notables que en algunos casos condenan al quebranto de los prestadores.

Los afiliados, vemos que el IOMA hace muchos años que no está a la altura de las circunstancias y eso tiene mucho que ver con tener a sus afiliados cautivos obligados, que hacen sus aportes puntualmente, mientras que el Ejecutivo no lo hace de la misma manera. Hoy por hoy, si los empleados públicos y los jubilados y pensionados pudieran elegir, muy difícilmente seguirían afiliados al Instituto

 

Independencia entre las resoluciones administrativas y las del fuero penal

Es una constante en las resoluciones que se toman en los sumarios administrativos policiales, que se invoque la independencia de las resoluciones administrativas de las penales.
Aplicando en sentido amplio ese criterio, nunca se espera la sentencia penal para aplicar sanciones por las supuestas faltas disciplinarias administrativas, que inevitablemente deben ir amarradas a lo que se termine probando en sede judicial.
Ahora bien, resulta entonces imprescindible hacer algunas consideraciones a la hora de evaluar con qué criterio se está aplicando el régimen disciplinario a los policías.
En principio debemos señalar, que por regla general, es absolutamente cierto que ambos sistemas son independientes, tienen sus propias normas, figuras reprochables y órganos juzgadores distintos.
Sin perjuicio de ello, el régimen disciplinario vigente para los policías, en cuanto a los sumarios administrativos, admite la aplicación subsidiaria del Código Procesal Penal, para cubrir las lagunas que pudieran existir en la Ley del Personal Policial.
Pero toda regla tiene su excepción y esta también.
Cuando un sumario administrativo se inicia, como consecuencia de un posible delito penal, indefectiblemente, la falta administrativa que se pretende imputar, quedará sujeta a que el delito que se está investigando se confirme mediante sentencia firme en el fuero penal.
Solo así, podrá aplicarse la sanción administrativa correspondiente, de lo contrario, se estaría juzgando y dando por probado un delito que solo compete hacerlo a la justicia penal. Sin embargo, los sumarios administrativos por faltas disciplinarias se resuelven aplicando sanciones disciplinarias sin haberse determinado si el delito investigado realmente existió y si fue o no cometido por el efectivo policial sospechado.
Esto es absolutamente arbitrario y por consiguiente injusto.
A modo de ejemplo: hace aproximadamente dos meses atrás, cinco policías imputados de un homicidio, fueron declarados inocentes en juicio oral y público, sin que el proceso afectara su buen nombre y honor, pero ya los habían dejado prescindibles al inicio de la investigación, por el solo hecho de resultar imputados, sin tener en cuenta si dicha imputación terminaría resultando cierta o no.
Conocida la sentencia judicial, quién repara hoy el daño ocasionado a estos funcionarios y a todo su grupo familiar, sin ningún fundamento, dado que se terminó por demostrar su absoluta inocencia.
Esos cinco policías, dada su demostrada inocencia, nunca afectaron el prestigio institucional y mucho menos su dignidad como funcionarios. Precisamente se sometieron a juicio, para que se demostrara la verdad y así ocurrió, pero ya la institución policial los había separado de la fuerza, arrogándose atribuciones que no le correspondían, al dar por probado un delito al que los policías eran ajenos.
Aclarado entonces que cuando el sumario administrativo tiene inicio como consecuencia de un posible delito penal, la suerte del primero queda sometido al resultado del último.
Los procedimientos son independientes, pero los resultados están absolutamente condicionados el uno al otro en los casos que hemos citado.
La independencia en los resultados, ocurre cuando investigándose la causa penal, surgieran faltas al régimen disciplinario policial que per-se ameritan una sanción disciplinaria administrativa, sin perjuicio que en la causa penal resulte declarado inocente del delito que se le imputa.
A modo de ejemplo: Si durante la investigación de un delito de homicidio del que resulta sospechado un funcionario policial, se determinara que dicho funcionario tenía vinculaciones con personajes de conocidos antecedentes delictivos, u otras faltas taxativamente enumeradas en el régimen disciplinario policial, se le puede aplicar una sanción administrativa, sin perjuicio que en sede penal pueda resultar inocente del delito de homicidio.
En este ejemplo se puede ver con claridad, la independencia de los procesos y de los resultados.
Es verdaderamente lamentable que a los funcionarios policiales se les aplique una arbitraria interpretación de principios jurídicos, para perjudicarlos.
Sería bueno que quienes tienen la difícil tarea de juzgar la conducta de los policías, tengan en cuenta estas cuestiones, para evitar injustas decisiones que son irreparables.

 

Solo una excusa para matar

Quienes seguimos con atención el “modus operandi” de la delincuencia y sus fluctuaciones en el tiempo, podemos comprobar que hoy, los malvivientes, no van a robar automotores, van a matar a sus propietarios o circunstanciales conductores. No van a robar la jubilación o los magros ahorros de ancianos, los van a matar a sangre fría. No van a sustraerle a un joven la campera o un par de zapatillas, lo van a matar.

Estas afirmaciones, a las que por supuesto le podemos agregar muchas más, son corroborables.

Robos de automotores.

Las organizaciones que tienen esta especialidad delictiva, cuentan con “levantadores”, a los que por una determinada suma de dinero le encomiendan robar un automotor de una determinada marca, modelo y características especiales (color, llantas, cubiertas, butacas, etc.) que ya tienen previsto colocarlo en el mercado como “mellizo” de otro que circula legalmente o para un desarmadero que requiere los repuestos.

No hay marca, modelo y de las características que se quiera imaginar, que no esté estacionado en la vía pública o inclusive en el estacionamiento de cualquier hipermercado.

El “levantador” no necesita ejercer violencia física contra nadie para lograr su objetivo ni lo detiene ninguna cámara filmadora.

Además sabe que sus mandantes, no aceptarán ningún vehículo que venga “envenenado” con un homicidio.

Ahora bien, cuando accedemos a la crónica periodística diaria, comprobamos: “…estaba lavando su automóvil en la vereda, cuando dos desconocidos, con el fin de robarle el mismo, marca Ford K, modelo 2000…. le dieron muerte y se fugaron prontamente del lugar….”.
“…al momento de estar ingresando a su garaje, un desconocido con el fin de robarle el automóvil marca Renault modelo 2002, lo asesinó de dos disparos dándose a la fuga…”

Si nos preguntamos, cuántos Ford K modelo 2000 y Renault modelo 2002 vemos estacionados en cualquier parte, comprobamos que no hay necesidad de matar a nadie para apropiarse de uno.

Algunos piensan que es para poder cometer otro delito, si realmente fuera tajantemente así, pierden de vista que él o los delincuentes tienen un objetivo que seguramente será mas importante que el robo del automóvil y no van a cargar con un homicidio en un hecho al que consideran como menor,

El robo a ancianos es aún mucho más evidente, las víctimas no ofrecen resistencia, son absolutamente vulnerables y el botín al que pueden aspirar no es generalmente importante y si lo fuera, podrían reducirlos requisar la vivienda hasta el último rincón, sin necesidad de terminar asfixiándolos u ocasionarles heridas que los delincuentes saben que serán mortales.

El hecho en sí, en estos casos, no es el robo, en realidad la intención única y última es matar.

Cabe entonces preguntarse: ¿por qué? ¿Será consecuencia del “paco” u otros tóxicos, carencias educativas, afectivas, miseria, odio irracional, revancha social u otras?

En conclusión, para poder explicar las multicausas generadoras de conductas reprochables penalmente, debe imprescindiblemente conformarse grupos multidisciplinarios integrados por especialistas, donde serán necesarios sociólogos, psicólogos, psiquiatras, criminólogos, etc.

Esto explica el porqué somos escépticos cuando se deposita en un nombre, la esperanza que pueda revertir la inseguridad que padecemos.

Todo lo demás, son meros discursos políticos prometiendo que sí cuando saben perfectamente que será no.

La Jueza Federal María Servini de Cubría, denunció que desconocidos habían ingresado a su despacho del Palacio de Justicia, sustrayéndole en la oportunidad, la defensa que tenía preparada para presentar ante la Comisión de Juicio Político, en una investigación que se le sigue por supuesto mal desempeño.

La noticia a los bonaerenses no nos sorprende, dado que en los distintos juzgados de la provincia, estos hechos nos tienen, por desgracia, acostumbrados.

Las deficientes medidas de seguridad que reina en los distintos fueros judiciales, tanto nacionales como provinciales, permiten no solo que se sustraigan escritos cuasi personales, como el caso de Servini de Cubría, sino causas completas en las que se investigan graves delitos o cuestiones civiles y comerciales donde están en juego intereses varias veces millonarios.

Esto no es una cuestión que pueda ser absorbida livianamente, por la inseguridad general que padecemos todos, es mucho más grave.

En este tipo de hechos, se entremezclan los intereses de los involucrados directos en las causas, la inseguridad jurídica que implica tener que rehacer expedientes con la pérdida de pruebas irreproducibles y el mensaje intimidatorio al propio magistrado interviniente.

La magistrada denunciante señaló: "…que no tiene en claro por cuáles de las causas que tiene en trámite, puede provenir "el apriete" …". De esta manera desestimó que el motivo fuera solo el robo del escrito de defensa que tenía previsto presentar.

¿Se estará refiriendo a la megacausa, por la cual se investiga al "Zar del Juego", Cristóbal López, dueño de Casino Club, que controla los casinos flotantes de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, estrechamente vinculado al ex presidente Néstor Kirchner"?.

Cristóbal López, tendría planeado instalarse en lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires, como Vicente López, necesitando salir de toda investigación penal que pueda interponerse a sus proyectos que le aseguran ganancias multimillonarias.

Las insinuaciones de Servini de Cubría, podrían tratarse de un tiro por elevación, para demostrarle a la Comisión de Juicio Político, que tiene herramientas para desatar un escándalo político-judicial, que bien podría llegar a salpicar a ciertos personajes de gran exposición nacional al que responden incondicionalmente varios de sus integrantes.
No solo existen la "mafia china", la de la droga, la prostitución, el trabajo esclavo, el contrabando, etc., también existe la "mafia del juego", que mueve millones de dólares anuales y que es tan peligrosa y socialmente dañina como las demás.

En la provincia de Buenos Aires, la renovación de los derechos de explotación que hiciera Felipe Sola a la empresa "Codere" que controla las salas de bingo y máquinas tragamonedas provinciales, provocó una reacción adversa de todo el arco político opositor, que no dudaron en señalar que escondía un claro caso de corrupción, con presentaciones judiciales incluidas.
En el medio de toda esta mugre, estamos nosotros, "los de a pié", que muchas veces ni siquiera nos enteramos y si lo hacemos, solo nos dejan ver la punta de iceberg..

 

Solo el 11% de nuestro país se encuentra radarizado, para poder detectar el vuelo, sobre nuestro espacio aéreo, de aeronaves que ingresan, drogas, armas y otros productos de contrabando.
En el mientras tanto, la Gendarmería Nacional está afectada a cubrir la seguridad interior del país, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, mientras que la Prefectura Naval Argentina, cubre la seguridad interior de ciudades como Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, etc.

En síntesis, nuestros cielos y fronteras están francas para el libre ingreso y egreso de cuanto material ilegal se quiera mover a través de ellas.
Las fuerzas de seguridad que tienen a su cargo protegerlas, están abocadas a tareas que no le son específicas.

A instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso sancionó una ley que permite la repatriación de capitales, sin tener que explicarse el origen de los mismos, facilitando de esta manera el “lavado de dinero”, con la excusa, que de esa manera podremos atraer inversiones productivas para el país.

Casi a diario la crónica periodística nos conmueve con matanzas masivas, producto de la lucha desatada entre organizaciones de narcotraficantes provenientes de Perú, Colombia, México y China, que compiten por el control de la distribución dentro del territorio nacional.

Nadie duda ni desconoce que el consumo del “paco”, está destruyendo a nuestros jóvenes y se ha instalado definitivamente en las zonas de más bajos recursos.Pero al mismo tiempo, se está desviando la atención de otras drogas más pesadas y que reditúanmucho más a las organizaciones narcos, como lo son las drogas sintéticas que se producen en gran escala en nuestro país y son consumidas por clases medias altas y altas de nuestra sociedad.

Ante todo este desenfreno, el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de laNación,Dr.Anibal Fernández, niega enfáticamente que nuestro país sea hoy un centro de producción de drogas, como así de asentamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, donde se suman el descontrol de nuestro espacio aéreo; de las fuerzas de seguridad en nuestras fronteras; la transformación del país en un verdadero paraíso fiscal para el lavado de dinero; matanzas en la lucha por el control territorial de los narcotraficantes; la palabra oficial del gobierno negando la existencia del problema, cabe preguntarse:

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL ARMADO DE ESTE FABULOSO NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO EN NUESTROPAÍS?.

 

La Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (ADESIP) y el Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (CEMURPO), con el apoyo del Movimiento por la Dignidad del Personal Policial “1º de Junio” (MODIPO), emprendieron la lucha para proteger los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social y de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de Policía, interponiendo formal demanda ante la Suprema Corte de Justicia provincial, por considerar Inconstitucional la Ley de Presupuesto 2009. Solicitando como medida cautelar de previo y especial pronunciamiento, la prohibición al Poder Ejecutivo de desviar los resultados positivos de ambas Cajas, para solucionar los problemas de déficit de las arcas estatales.

Precisamente, las entidades mencionadas, basan sus fundamentos en que la Ley Nº 13.929 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires, vigente a partir del día 1 de enero de 2009, (BO del 30/12/2008), impone la consolidación de los recursos y gastos de los organismos de previsión social, (Instituto de Previsión Social y Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), con los correspondientes a la Administración Central y Organismos Descentralizados, en razón de implicar el menoscabo y alteración del concepto y rango de autonomía, establecido por el constituyente para los Organismos de la Seguridad Social, al resultar las mismas violatorias de los Artículos 10; 11; 31 y 40 de la Constitución Provincial y Arts. 14 bis; 17 y 31 de la Constitución Nacional, en cuanto atacan el derecho de propiedad, al confundir los resultados positivos de las instituciones de previsión social, con los recursos y gastos de la hacienda provincial y disponer que esos resultados positivos de las instituciones de previsión social, se constituyan compulsivamente en fuentes de financiación del déficit de la Provincia. De tal forma, se lesiona y desvirtúa la autonomía económica y financiera de estos Organismos Previsionales, como así también su autarquía administrativa y las citadas disposiciones constitucionales de la Nación, que aseguran el derecho de propiedad. Todo ello en consonancia con lo preceptuado por la Constitución Nacional sobre el particular, que establece: a) La autonomía económica y financiera para las entidades de la seguridad social; b) La administración a cargo de los interesados con participación del Estado; c) La garantía del derecho de propiedad y d) La supremacía de la Constitución Nacional sobre toda la normativa tanto nacional como provincial, las que debe sujetarse inexorablemente a sus disposiciones.

La consolidación no es sólo una forma de exposición numérica. Al insertarse en la ley de presupuesto deriva en consecuencias y sujeciones administrativas que el constituyente, justamente para evitarlas y garantizar la independencia patrimonial y económica de los fondos previsionales, les asignó el rango de “entidades con autonomía económica y financiera”.

La individualización presupuestaria, que hasta este momento se venía respetando, pone de manifiesto y preserva los aspectos patrimoniales y de resultados afectados específicamente a la seguridad social. Debe señalarse al respecto que el patrimonio colectivo reunido con los aportes personal y las contribuciones patronales, -en este caso del Estado- conforman un FONDO SOLIDARIO AFECTADO específicamente al pago de jubilaciones y pensiones presentes y futuras en resguardo y garantía de la manutención del titular y su familia. La afectación es justamente la característica que debe mantener tanto en el proceso administrativo de la recaudación, como en el gasto o inversión. Con la consolidación (sumatoria a otros recurso y gastos de la Provincia, a disposición del Poder Ejecutivo), pierde esa característica mas allá de que tenga una asignación presupuestaria.

Quedan más evidenciadas aún estas anormalidades, cuando se observa en la citada Ley de Presupuesto, que se ha seguido respetando como Organismos Descentralizados no consolidados el Instituto de Previsión Social (IOMA), que siempre integró esa categoría junto al IPS y la Caja Policial.

En la Ley de Presupuesto 2009, el Poder Ejecutivo ha logrado insertar su fracasado proyecto de “Ordenamiento Financiero Previsional”, que fuera retirado de la Honorable Legislatura en el 2008, en atención al rechazo de todos los jubilados estatales provinciales y los gremios que se movilizaron masivamente en contra del pretendido apoderamiento de los fondos previsionales.

Hoy, el Ejecutivo tiene en sus manos la libre disposición de esos fondos. La demanda interpuesta, pretende impedirlo. Se espera ahora, que la justicia esté a la altura de las circunstancias y resuelva proteger los recursos previsionales, del robo instrumentado por el Gobernador con el apoyo de los legisladores oficialistas.

 

La difusión que ha tomado "Bonaerenses en Acción", es realmente sorprendente. Cuando se decidió su lanzamiento, sabíamos que llenaríamos un vacío, por la ausencia de información que tuviera que ver con el análisis crítico de las políticas de seguridad en la provincia y de una voz que alertara sobre los padecimientos del personal policial, tan injustamente postergado.
Ya los 5000 ejemplares por edición, nos resultan insuficientes, ante el requerimiento del personal en actividad de todo el ámbito provincial, que tiene avidez de ser informado con seriedad y fidedignamente.
Nos sentimos orgullosos de habernos ganado el respeto y consideración de nuestros lectores. Eso nos compromete aún más, para brindarles un servicio que sea útil y valioso.
No faltarán los que consideren que "la forma" en que se plantean las distintas notas, puedan resultar "fuertes" a la vista del gobierno. No nos sorprende, son los mismos de siempre, los que con una gruesa capa de barniz complaciente, no soportan que haya voces que dicen lo que ellos nunca se animaron a plantear.
En definitiva, la falta de respeto que a diario soportamos los bonaerenses en general y los policías en particular, de los gobernantes de turno, tienen costos mucho más altos en vidas y bienes, que los malestares que pueda generar nuestra publicación.
Sepan nuestros ya 20.000 lectores, que siempre estaremos a su lado.

El Director.

Viajar en condiciones bochornosas.

Ver a policías viajar a sus lugares de trabajo y la vuelta a casa, dependiendo de la buena predisposición de algún conductor que se apiade de ellos, los coloca en una situación inmerecidamente humillante.
Suplicar que un conductor de un colectivo de larga distancia decida llevarlos, los desmerece y enturbia su imagen.
No debe perderse de vista, que los policías deben tomar hasta tres micros de larga distancia para llegar a prestar servicios y que por la diversidad de horarios en que finalizan sus adicionales, terminan en medio de la ruta a cualquier hora de la noche o madrugada.
No solo es una cuestión de imagen, también tiene que ver con su propia seguridad, al quedar expuestos a ser víctimas de cualquier agresión. Esta es una cuestión que deberá ser tenida en cuenta y disponerse de una partida para viáticos, que se le abonen al efectivo antes de viajar, para evitar que, por no tener recursos, termine sometido a situaciones indeseables.